Registro erróneo en la SCHUFA: así cuantifica el BGH el daño

El caso

En 2018, una clienta cambió anticipadamente a una tarifa móvil más económica de su operadora. Como consideraba este cambio de tarifa un contrato a distancia independiente, desistió de él poco después. La operadora lo veía de otro modo, siguió emitiendo facturas y, cuando la clienta no pagó, comunicó en septiembre de 2019 un registro negativo a la SCHUFA. Diez días después, la propia operadora ordenó la supresión del registro; sin embargo, según lo constatado por los tribunales, este no desapareció por completo hasta, como pronto, julio de 2021, casi dos años después.

Mediante reconvención, la clienta reclamó 6.000 euros de indemnización por daños inmateriales. El Tribunal Regional (Landgericht) de Coblenza la desestimó inicialmente; el Tribunal Regional Superior (OLG) de Coblenza le concedió 500 euros. Con su recurso de casación (Revision), la clienta pretendía obtener un importe mayor. Mediante sentencia de 28 de enero de 2025 – VI ZR 183/22, el BGH (Tribunal Supremo Federal de Alemania) desestimó el recurso, pero estableció al hacerlo principios importantes para la cuantificación de este tipo de pretensiones.

Sobre el fundamento de la pretensión

El BGH ni siquiera tuvo que pronunciarse sobre si la pretensión estaba fundada en principio: el Tribunal Regional Superior de Coblenza ya había declarado que la comunicación era ilícita porque la deuda de la operadora estaba controvertida y no constaba en un título judicial, y por ello había concedido a la clienta 500 euros de indemnización. Solo la clienta había recurrido en casación, y únicamente por la cuantía; si existía o no responsabilidad ya no se discutía ante el BGH. Como daño, el tribunal de apelación había tenido en cuenta, por un lado, la pérdida de control sobre los propios datos, porque el registro podía ser consultado por un número indeterminado de usuarios de la SCHUFA; a este respecto, el BGH remite además a una resolución del TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea) de 4 de octubre de 2024 sobre la divulgación de datos personales en un registro público. Por otro lado, se había basado en el daño a la reputación, que en este caso ya había tenido un efecto concreto: el banco habitual de la clienta había paralizado temporalmente por este motivo la concesión de un crédito.

Sobre la cuantía de la indemnización

En cuanto a la cuantía, el BGH aclara un principio importante para muchos casos similares: la indemnización conforme al art. 82 del RGPD tiene exclusivamente una función compensatoria. Debe compensar íntegramente el daño concreto sufrido, no disuadir y, menos aún, castigar. Por ello, ni la gravedad de la infracción ni una eventual culpa del responsable del tratamiento pueden aumentar la cuantía. El Tribunal Regional Superior de Coblenza había fundamentado el importe de 500 euros también en una «función de satisfacción y de prevención general»; según el BGH, se trata de un error de derecho que, sin embargo, en este caso solo pudo haber favorecido a la clienta, razón por la cual el recurso fue, no obstante, desestimado.

Lo determinante para la cuantía son, en cambio, circunstancias como el círculo de personas que tuvieron efectivamente acceso a los datos, la duración del registro y sus consecuencias reales para el afectado. Por lo tanto, quien haga valer un registro injustificado en la SCHUFA debe documentar con precisión cuánto tiempo existió el registro, quién lo consultó de forma demostrable y qué perjuicios concretos se derivaron de él, por ejemplo la denegación de un crédito. Esto es lo que decide en última instancia la cuantía de la indemnización, no lo grave que parezca la infracción desde el punto de vista del afectado.

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