Nunca ha pagado una factura con retraso y, aun así, su contrato de telefonía móvil aparece en la SCHUFA. En julio de 2025, el Tribunal Regional Superior (OLG) de Schleswig resolvió cuándo pueden las operadoras móviles comunicar este tipo de datos contractuales sin incidencias.
Un cliente había celebrado un contrato de telefonía móvil en 2018. En enero de 2022, su operadora transmitió a la SCHUFA su nombre, sexo, dirección, fecha y lugar de nacimiento, así como el inicio, la finalización y el número de dicho contrato, como los denominados datos positivos (Positivdaten), sin que se hubiera producido nunca una incidencia de pago. El cliente solo se enteró a través de una posterior solicitud de acceso a sus datos (Selbstauskunft) y demandó una indemnización y la cesación.
El Tribunal Regional (Landgericht) de Lübeck le dio inicialmente la razón en parte y le concedió 400 euros de indemnización por daños inmateriales. Su fundamentación: aunque la operadora tenía un interés legítimo en la comunicación, en particular para la prevención del fraude, en la ponderación prevalecía el derecho del cliente a la autodeterminación informativa. Una indicación genérica en la hoja informativa sobre protección de datos en el momento de la celebración del contrato no bastaba como consentimiento, y la pérdida de control sobre los propios datos ya constituía un daño indemnizable.
Mediante resolución de 10 de julio de 2025 – 5 U 28/25, el Tribunal Regional Superior (OLG) de Schleswig-Holstein anuló esta sentencia y desestimó la demanda en su totalidad. Su fundamentación: en el negocio de la telefonía móvil es habitual entregar a los clientes, junto con un contrato, dispositivos de alta gama a precio reducido que se pagan a través de la factura mensual. Esto hace que este modelo de negocio sea especialmente vulnerable a que personas con una identidad falsa celebren varios contratos en poco tiempo con el único fin de obtener los dispositivos. Como, en el caso de una identidad falsa, por su propia naturaleza no puede existir una incidencia de pago, un mero análisis de datos negativos no sirve de ayuda en este caso; solo la comprobación de si una persona celebra contratos en rápida sucesión, y con qué frecuencia, revela este patrón.
Por ello, el tribunal considera que la transmisión de este tipo de datos contractuales sin incidencias es un medio idóneo y necesario para la prevención del fraude, para el que no se aprecia ninguna alternativa menos gravosa e igualmente eficaz. En la ponderación de intereses pesó además a favor de la operadora que los datos transmitidos eran poco sensibles, no tenían efecto estigmatizante y solo se ponían a disposición de un círculo muy limitado, a diferencia, por ejemplo, de una filtración de datos. Por ello, el tribunal ya no tuvo que examinar el daño.
Queda así abierta otra cuestión de gran importancia práctica: ¿qué ocurre si una agencia de información crediticia utiliza estos datos positivos, comunicados para la prevención del fraude, además para la evaluación general de la solvencia (scoring)? El Tribunal Regional de Lübeck ha planteado entretanto precisamente esta cuestión al TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea). Hasta que este se pronuncie, la situación jurídica en este punto sigue sin aclarar. Quien quiera saber qué datos suyos están almacenados en la SCHUFA y para qué se utilizan debería seguir solicitando el acceso conforme al art. 15 del RGPD.
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