Desde el 12 de septiembre de 2025, el art. 13 del Data Act examina las cláusulas que una empresa impone unilateralmente a otra en materia de acceso a datos, uso de datos y responsabilidad. El artículo explica cuándo se aplica la norma y qué cláusulas prohíbe.
El Data Act (Reglamento (UE) 2023/2854, Reglamento de Datos) obliga a las empresas, en sus arts. 3 a 12, a hacer accesibles o poner a disposición datos. En la práctica, se trata de una obligación de contratar. Como entre las partes existe a menudo un desequilibrio de poder, la parte más fuerte no debe poder aprovechar esta situación mediante cláusulas contractuales abusivas. Para ello, el art. 13 prevé un control de cláusulas para los contratos entre empresas, limitado a los contenidos relativos a datos.
Están protegidas todas las empresas, no solo las pequeñas y medianas. En la propuesta de la Comisión esto aún era diferente. El modelo de la regulación es el derecho de las condiciones generales de la contratación (AGB-Recht) para consumidores conforme a la Directiva 93/13/CEE sobre cláusulas abusivas.
Deben concurrir tres requisitos simultáneamente. En primer lugar, debe tratarse de un contrato entre empresas. En segundo lugar, la cláusula debe estar relacionada con datos, es decir, regular el acceso a los datos, su uso o la responsabilidad y las vías de recurso en caso de incumplimiento o extinción de obligaciones relativas a datos. En tercer lugar, la cláusula debe haber sido impuesta unilateralmente.
Una cláusula se ha impuesto unilateralmente cuando una parte la ha aportado y la otra no ha podido influir en su contenido pese a un intento de negociación (apartado 6). La cláusula no tiene que estar preformulada para una pluralidad de contratos; basta un único contrato. Quien haya aportado la cláusula debe probar que no fue impuesta unilateralmente. Solo la parte perjudicada puede invocar la ineficacia, no quien la utiliza. Las partes no pueden excluir ni modificar contractualmente el art. 13 (apartado 9).
En el tiempo, el art. 13 se aplica a los contratos celebrados después del 12 de septiembre de 2025. A los contratos anteriores se aplica a partir del 12 de septiembre de 2027 si son de duración indefinida o tienen una vigencia de al menos diez años a partir del 11 de enero de 2024 (art. 50).
Según la exposición de Hoeren y Pinelli, el art. 13 presupone un intento de negociación objetivamente constatable, y además para cada cláusula individual. Según esta tesis, quien se limita a hacer clic en un botón de aceptación no ha negociado, y el art. 13 no sería aplicable. Los autores critican este resultado: restringe mucho el ámbito de aplicación, es fácil de eludir y frustra en parte la finalidad de proteger precisamente a los nuevos participantes en el mercado.
Para la práctica se deduce lo siguiente: quien desee invocar más adelante el art. 13 debería formular por escrito sus deseos de modificación y conservar las respuestas de la otra parte. La táctica, conocida del derecho de las condiciones generales, de no negociar deliberadamente no sirve aquí.
No se examinan el precio ni la prestación principal (apartado 8). Una cláusula como «El taller paga 5.000 € mensuales por el acceso a los datos» no es impugnable con arreglo al art. 13. La cuantía de la contraprestación se rige en cambio por el art. 9.
Quedan igualmente excluidas las cláusulas que se limitan a reproducir normas imperativas (apartado 2). La frase «El taller no puede utilizar los datos para desarrollar un producto competidor» no plantea por ello problemas, pues ya se deriva del art. 6, apartado 2.
Sirve de ilustración un caso hipotético: un fabricante de maquinaria, como titular de los datos, pone a disposición de un taller independiente datos de las máquinas. El fabricante predispone las cláusulas, y el taller ha intentado sin éxito negociarlas.
Tres tipos de cláusulas son abusivas sin margen de valoración. En primer lugar, la exclusión de la responsabilidad por dolo o negligencia grave (letra a). La cláusula «El fabricante no responde de datos erróneos o incompletos, cualquiera que sea el fundamento jurídico» rige sin excepción y abarca, por tanto, también estos supuestos.
En segundo lugar, la exclusión de las vías de recurso de la parte perjudicada o de la responsabilidad de quien utiliza la cláusula (letra b), por ejemplo: «Si el fabricante no entrega los datos o los entrega tarde, el taller no tendrá derecho a reclamación alguna».
En tercer lugar, la cláusula según la cual solo quien la utiliza decide si los datos son conformes al contrato o cómo debe interpretarse el contrato (letra c): «Solo el fabricante determina si los datos facilitados son conformes al contrato».
Aquí existe un margen de valoración, pero se presume el carácter abusivo. La ley enumera siete grupos de casos.
La responsabilidad o las vías de recurso se limitan de forma inadecuada (letra a), por ejemplo mediante «La responsabilidad del fabricante se limita a 50 € por siniestro». Lo mismo rige a la inversa para «El taller responde, con independencia de la culpa, de cualquier uso indebido de los datos».
Quien utiliza la cláusula obtiene acceso a datos de la otra parte que le perjudica considerablemente (letra b): «El fabricante podrá consultar los datos de clientes y de precios del taller». Con ello, un competidor en el negocio de servicios obtendría acceso a secretos empresariales.
Se obstaculiza el uso de los datos propios (letra c): «Los datos que el propio taller introduzca en el portal del fabricante no podrán utilizarse fuera del portal».
Se impide a la parte perjudicada resolver el contrato en un plazo razonable (letra d): «El contrato tiene una duración fija de diez años y el taller no puede resolverlo de forma ordinaria».
La parte perjudicada no puede obtener una copia de sus propios datos, ni durante la vigencia ni en un plazo razonable posterior (letra e): «A la finalización del contrato se eliminarán todos los datos subidos por el taller; no está prevista una exportación».
Quien utiliza la cláusula puede resolver el contrato con un plazo de preaviso irrazonablemente corto (letra f): «El fabricante puede poner fin al acceso a los datos en cualquier momento con un preaviso de tres días». Para un taller cuyo negocio depende del acceso a los datos, esto puede poner en peligro su existencia.
Quien utiliza la cláusula se reserva un derecho de modificación unilateral (letra g): «El fabricante puede modificar en cualquier momento el alcance y el formato de los datos». Esto es admisible si el contrato indica motivos válidos para el derecho de modificación, las modificaciones se anuncian con antelación suficiente y la otra parte puede entonces resolver el contrato sin coste (párrafo segundo).
Para ambas listas basta con que la cláusula tenga por objeto o por efecto la consecuencia prohibida. No es necesario probar una intención ni un daño efectivo.
Todo lo que no figura en ninguna lista, pero se aparta manifiestamente de las buenas prácticas comerciales en materia de acceso y uso de datos o es contrario a la buena fe, es abusivo. Un ejemplo concebible sería la obligación de analizar los datos exclusivamente con un software de pago del fabricante. Está por ver si una cláusula de este tipo es abusiva. No existe jurisprudencia ni cláusulas tipo sobre lo que significan las buenas prácticas comerciales en materia de datos. Conforme al art. 41, la Comisión debe elaborar cláusulas contractuales tipo no vinculantes que lo concreten en el futuro.
Una cláusula abusiva no es vinculante para la parte perjudicada, y ello por ministerio de la ley, sin que tenga que pronunciarse un tribunal. El resto del contrato sigue siendo válido si la cláusula es separable y el contrato sigue siendo equilibrado y ejecutable sin ella (apartado 7). Si no es separable, el contrato en su conjunto no es vinculante. El Data Act no regula qué sustituye a la cláusula ineficaz. Por ello, las cláusulas de sustitución y las cláusulas de salvaguarda (salvatorische Klauseln) solo son admisibles en términos estrictos.
La aplicación por parte de las autoridades se rige por el art. 37. En el ámbito privado, según la doctrina, entran en consideración pretensiones derivadas de los §§ 280, apartado 1, y 241, apartado 2, del BGB (Código Civil alemán) y del § 826 del BGB, así como pretensiones en materia de competencia desleal conforme a la UWG (Ley alemana contra la Competencia Desleal), porque el art. 13 es una norma de conducta en el mercado (§§ 8, 3a de la UWG).
La Directiva sobre cláusulas abusivas solo se aplica entre empresas y consumidores; el art. 13 del Data Act, solo entre empresas. En Alemania, sin embargo, los §§ 305 y siguientes del BGB son aplicables también en las relaciones comerciales entre empresas. Por ello pueden producirse colisiones.
Un ejemplo de la doctrina es la exclusión de responsabilidad por negligencia leve. Según la jurisprudencia relativa al § 307, apartado 2, número 2, del BGB, tal exclusión es por regla general ineficaz. El art. 13, apartado 4, letra a, abarca en cambio solo el dolo y la negligencia grave. No está claro si en tal caso el Derecho de la Unión goza de primacía de aplicación; tendrá que decidirlo el TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea).
Quien predisponga contratos sobre datos debería revisar y adaptar las exclusiones de responsabilidad, los plazos de resolución, los derechos de modificación y las disposiciones sobre la exportación de los propios datos. Quien reciba ofertas de tales contratos debería exigir modificaciones y documentar la negociación, ya que de ello puede depender la aplicabilidad del art. 13. La valoración sigue en parte la exposición de Hoeren y Pinelli sobre el Data Act.
Este artículo tiene fines meramente informativos y no sustituye el asesoramiento en un caso concreto.
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