La factura está pagada, pero el registro negativo sigue ahí. En diciembre de 2025, el BGH (Tribunal Supremo Federal de Alemania) aclaró cuánto tiempo puede almacenar la SCHUFA las incidencias de pago ya saldadas, y anuló con ello una sentencia favorable a los consumidores del Tribunal Regional Superior (OLG) de Colonia.
Un consumidor había saldado nada menos que tres deudas que figuraban en la SCHUFA como incidencias de pago: 150 euros de una deuda con título ejecutivo (titulierte Forderung) de 2018, saldada a finales de 2020; 428,27 euros de una deuda de 2020 reclamada en varias ocasiones, saldada a finales de 2021; y 160,99 euros de otra deuda con título ejecutivo de 2021, saldada a finales de 2022. La SCHUFA suprimió los registros solo de forma paulatina, algunos únicamente durante el proceso en curso, en cada caso tras unos tres años o con arreglo a las nuevas reglas de 18 meses. Lo que quedó fue la disputa sobre la indemnización.
Mediante sentencia de 10 de abril de 2025 – 15 U 249/24, el Tribunal Regional Superior (OLG) de Colonia condenó a la SCHUFA al pago de 500 euros de indemnización por daños inmateriales y de los honorarios de abogado. Su fundamentación: el criterio del § 882e, apartado 3, n.º 1, de la ZPO (Ley de Enjuiciamiento Civil alemana), según el cual un registro en el registro público de deudores (Schuldnerverzeichnis) se suprime de inmediato cuando el acreedor ha sido satisfecho íntegramente, debe trasladarse a las agencias privadas de información crediticia a falta de una regulación legal.
Mediante sentencia de 18 de diciembre de 2025 – I ZR 97/25, el BGH (Tribunal Supremo Federal de Alemania) lo vio de otro modo y anuló la sentencia. A diferencia de lo que ocurre con la exoneración del pasivo insatisfecho (Restschuldbefreiung), sobre la que el TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea) se había pronunciado en 2023, la SCHUFA, por regla general, no toma los datos sobre incidencias de pago del registro público de deudores, sino que los recibe directamente de sus socios contractuales, a menudo bastante antes de lo que sería siquiera posible una inscripción en el registro de deudores. Por ello, la supresión inmediata prevista allí no puede trasladarse sin más, también porque el registro de deudores solo ofrece información negativa a grandes rasgos, mientras que la SCHUFA ofrece una imagen más diferenciada de la solvencia.
Al mismo tiempo, el BGH aprueba expresamente el modelo de los códigos de conducta elaborados por las agencias de información crediticia y aprobados por el Comisionado de Protección de Datos de Hesse con efectos a 1 de enero de 2025: por regla general, tres años de almacenamiento tras el pago de la deuda, reducidos a 18 meses si hasta entonces no se han añadido otros datos negativos, no existe información procedente del registro de deudores ni de publicaciones de insolvencia y la deuda se saldó en un plazo de 100 días desde la comunicación. El BGH considera esta tipificación adecuada en principio, en aras de la seguridad jurídica y debido al negocio masivo de las agencias de información crediticia, pero solo si el deudor conserva la posibilidad de alegar circunstancias especiales de su caso concreto que justifiquen excepcionalmente un almacenamiento aún más breve. El Tribunal Regional Superior de Colonia debe ahora subsanar precisamente esto.
Hay otro aspecto destacable: el BGH apunta que la SCHUFA podría quedar exenta de responsabilidad conforme al art. 82.3 del RGPD si ha respetado los códigos de conducta vigentes en cada momento; deja expresamente abierta esta cuestión. Para los afectados, esto significa: según esta sentencia, no existe con carácter general un derecho a la supresión inmediata tras el pago, e incluso un almacenamiento ilícitamente prolongado no conduce necesariamente a una indemnización. Quien quiera obtener una supresión anticipada debe exponer circunstancias especiales concretas de su caso, por ejemplo una deuda muy reducida o perjuicios considerables y demostrables causados por la permanencia del registro.
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