Un registro negativo en la SCHUFA tiene a menudo más efecto que el propio problema subyacente: puede costar la concesión de un crédito, el contrato de alquiler o una nueva cuenta bancaria, mucho después de que la deuda en sí se haya saldado. Cuándo pueden los afectados obtener la supresión, por qué fracasa en la práctica y cuándo cabe incluso una indemnización.
La SCHUFA no actúa por iniciativa propia. Recopila y trata datos por cuenta de sus socios contractuales (bancos, empresas de venta por correspondencia, empresas de telecomunicaciones y empresas de recobro, en alemán Inkasso), que le comunican incidencias de pago y, a cambio, consultan informes de solvencia sobre sus propios clientes. A partir de estas comunicaciones, un algoritmo calcula una puntuación que pretende indicar la probabilidad de que una persona cumpla sus obligaciones de pago. Desde el punto de vista jurídico, se trata de un tratamiento de datos en el sentido del RGPD, con todos los derechos que de ello se derivan para los afectados: acceso, rectificación y supresión.
Para que un registro negativo sea siquiera lícito, deben cumplirse requisitos estrictos (§ 31, apartado 2, de la BDSG): la deuda debe ser exigible y no puede estar impugnada, el deudor debe haber recibido al menos dos requerimientos de pago, el primer requerimiento debe haberse enviado hace al menos cuatro semanas y el deudor debe haber sido advertido previamente de la inminente comunicación a una agencia de información crediticia. Si falta aunque sea uno de estos requisitos, por ejemplo porque la deuda estaba impugnada o no se realizó la advertencia, la comunicación fue ilícita desde el principio y existe un derecho a la supresión, con independencia de cuánto tiempo lleve ya almacenado el registro.
La situación es distinta en el caso de una deuda que inicialmente se comunicó de forma lícita y que se paga posteriormente. En este caso, el registro, con una anotación de que la deuda está saldada, permanece almacenado durante un tiempo, porque la SCHUFA también tiene un interés legítimo en una incidencia de pago pasada. Cuánto tiempo exactamente lo precisó el BGH (Tribunal Supremo Federal de Alemania) en su sentencia de 18 de diciembre de 2025 (I ZR 97/25): lo determinante son los códigos de conducta de las agencias de información crediticia aprobados por la autoridad de control de protección de datos competente, que por regla general prevén un almacenamiento de tres años, reducido a 18 meses si no se han añadido otros datos negativos, no existen inscripciones en el registro de deudores (Schuldnerverzeichnis) y la deuda se saldó en un plazo de 100 días desde la comunicación. Por tanto, por regla general solo existe un derecho a la supresión una vez transcurridos estos plazos, y no ya con el propio pago.
Rige una regla especial para la concesión de una exoneración del pasivo insatisfecho (Restschuldbefreiung) tras un procedimiento de insolvencia: una agencia de información crediticia no puede almacenarla durante más tiempo del que puede consultarse en el propio registro público de insolvencias, lo cual sucede a los seis meses. El TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea) fijó este límite en su sentencia de 7 de diciembre de 2023 (C-26/22 y C-64/22); anteriormente, la SCHUFA también almacenaba esta información durante tres años. Quien hoy invoque una resolución anterior que todavía parte de un plazo de tres años argumenta con una situación jurídica superada.
Que una demanda de supresión también puede fracasar por otros motivos lo demuestra un auto del Tribunal Regional Superior (OLG) de Fráncfort del Meno de 14 de diciembre de 2017 (3 U 141/15): un deudor había sido condenado en firme al pago y el título se había comunicado correctamente. Posteriormente, en un procedimiento separado, acordó con el abogado que había realizado la comunicación que este retiraría el registro; aun así, la agencia de información crediticia no lo suprimió. El tribunal le dio la razón a la agencia: una comunicación que fue lícita no se convierte en ilícita porque quien la realizó la retire con posterioridad. La agencia de información crediticia no está vinculada por dicha retirada mientras la comunicación original cumpliera los requisitos legales. Por tanto, quien quiera obtener la supresión debe impugnar la licitud de la propia comunicación; un acuerdo posterior con el acreedor no basta por sí solo.
Cuando una comunicación fue ilícita o permaneció almacenada demasiado tiempo, ello no conlleva automáticamente una pretensión económica; no obstante, el BGH ha confirmado en repetidas ocasiones que los afectados pueden reclamar una indemnización si la infracción les ha causado efectivamente un perjuicio. En un caso, una empresa de telecomunicaciones había comunicado una deuda a pesar de que estaba impugnada y aún no constaba en un título ejecutivo; el banco habitual de la afectada paralizó entonces temporalmente la concesión de un crédito. Mediante sentencia de 28 de enero de 2025 (VI ZR 183/22), el BGH confirmó 500 euros de indemnización por daños inmateriales, no como sanción, sino como compensación por el daño a la reputación y la pérdida de control sobre los propios datos. Según la jurisprudencia del TJUE, basta para ello un perjuicio leve, pero efectivamente sufrido; no se requiere una especial gravedad de la infracción.
Para los afectados, esto significa: un registro en la SCHUFA no es una ley natural. Quien haga comprobar si la comunicación fue lícita desde el principio, si se respetaron los plazos de almacenamiento aplicables y si el registro causó un perjuicio concreto tiene a menudo mejores perspectivas de lo que sugiere un primer vistazo al certificado de la SCHUFA.
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