La BaFin (Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania) advierte ya casi cada semana sobre sitios web, plataformas y proveedores que ofrecen sin autorización servicios bancarios, financieros o de criptoactivos. Para los inversores que ya han ingresado dinero se plantea la pregunta de qué significa una advertencia de este tipo y contra quién pueden actuar.
La base jurídica de las advertencias es el § 37, apartado 4, de la KWG (Ley alemana de Entidades de Crédito) y, en el caso de los criptoactivos, además el § 10, apartado 7, de la KMAG (Ley alemana de Supervisión del Mercado de Criptoactivos). Según estas normas, la BaFin (Autoridad Federal de Supervisión Financiera) puede informar al público cuando existan hechos que justifiquen la sospecha de que una empresa opera sin la autorización necesaria. La advertencia es una mera actuación administrativa de hecho (schlichtes Verwaltungshandeln) y no declara de forma vinculante una infracción jurídica; las empresas afectadas pueden defenderse judicialmente contra ella, y la BaFin también retira advertencias en ocasiones. Para los inversores, una advertencia es no obstante un indicio de peso y marca el momento a partir del cual un riesgo era de conocimiento público.
Un nombre recurrente es «Quantum AI». La BaFin advirtió sobre sitios web con esta denominación ya en agosto de 2022, así como en febrero y marzo de 2025, y en julio de 2025 de nuevo sobre otro sitio que redirigía a los usuarios a una plataforma de negociación llamada «Open AI». El patrón es típico: cuando se desactiva un sitio, aparece bajo un nuevo dominio un sucesor con la misma presentación.
Una gran parte de las advertencias corresponde ya a casos de usurpación de identidad. Los autores copian nombres, datos del aviso legal (Impressum) y diseño de empresas reales y supervisadas. En febrero de 2026, unos estafadores enviaron ofertas de depósitos a plazo fijo desde una dirección de remitente que imitaba el dominio de Raisin (WeltSparen); la propia empresa no tenía nada que ver con ello. Algo similar les ocurrió a SMBC Bank EU AG con ofertas de depósitos a plazo fijo y a la Bolsa de Stuttgart, cuya oferta fue suplantada por una plataforma de criptoactivos llamada «Revolvo». En agosto de 2026, la BaFin advirtió sobre los dominios 212trading.online y 212trading.pro, que se inspiraban en el nombre del bróker Trading 212.
Especialmente pérfidas son las ofertas dirigidas a personas que ya han sufrido un perjuicio. El 14 de septiembre de 2026, la BaFin advirtió sobre finanzforensik.com. Los operadores prometían recuperar criptoactivos perdidos, se presentaban como «socios de cooperación de la BaFin» y utilizaban en el aviso legal, sin autorización, los datos de una sociedad existente. Quien ya ha sido víctima es abordado así por segunda vez.
Frente al propio proveedor, la situación jurídica es favorable para los inversores. El Bundesgerichtshof (BGH, Tribunal Supremo Federal de Alemania) considera en jurisprudencia constante que la obligación de autorización conforme al § 32, apartado 1, frase 1, de la KWG es una ley de protección (Schutzgesetz) en el sentido del § 823, apartado 2, del BGB (Código Civil alemán), que protege precisamente al inversor individual (BGH, sentencia de 21.4.2005 – III ZR 238/03; sentencia de 11.7.2006 – VI ZR 341/04). Quien realiza operaciones bancarias o presta servicios financieros sin autorización responde, por tanto, frente al inversor por daños y perjuicios.
Esta responsabilidad no recae solo sobre la sociedad, sino también personalmente sobre sus administradores. La actividad no autorizada es punible conforme al § 54 de la KWG también en caso de negligencia, y el § 14 del StGB (Código Penal alemán) vincula la responsabilidad a la condición de órgano. El BGH ha aclarado recientemente que la condición de órgano por sí sola no basta y que la culpa debe determinarse en cada caso concreto. Sin embargo, un reparto interno de competencias no exonera por completo a un órgano: sigue obligado a supervisar y debe intervenir cuando existan indicios de irregularidades (BGH, sentencia de 9.11.2023 – III ZR 105/22).
Resulta bastante más difícil actuar contra el banco a través del cual se transfirió el dinero. Por regla general, los inversores ordenaron ellos mismos los pagos, de modo que no se aplica la norma de reembolso para operaciones de pago no autorizadas (§ 675u del BGB). Según la jurisprudencia, el banco solo tiene un deber de advertencia de forma excepcional, cuando un abuso resulta objetivamente evidente (cfr. BGH, sentencia de 6.5.2008 – XI ZR 56/07). En el caso de transferencias individuales a una plataforma de apariencia profesional, rara vez se alcanza este umbral.
Las pretensiones contra la propia BaFin quedan excluidas por regla general. Conforme al § 4, apartado 4, de la FinDAG (Ley alemana de la Autoridad Federal de Supervisión Financiera), la BaFin ejerce sus funciones exclusivamente en interés público, de modo que no tiene deberes oficiales frente a inversores individuales. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha validado este modelo (sentencia de 12.10.2004 – C-222/02, «Paul»), y el Oberlandesgericht München (Tribunal Regional Superior, OLG, de Múnich) lo ha confirmado en un procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado (Amtshaftung) contra la BaFin (auto de indicaciones de 21.10.2024 – 1 U 1121/24 e).
Una advertencia de la BaFin no es una sentencia, pero sí una señal clara. Jurídicamente, los inversores perjudicados están en buena posición frente a los proveedores que operan sin autorización y frente a sus responsables, porque la responsabilidad derivada del § 823, apartado 2, del BGB en relación con el § 32 de la KWG está consolidada desde hace tiempo. La verdadera dificultad reside en la ejecución, ya que los operadores suelen estar en el extranjero y son difíciles de localizar. Quien se vea afectado debería conservar justificantes de pago, contratos y comunicaciones, presentar una denuncia penal y tener presente la prescripción, que por regla general es de tres años a contar desde el final del año en que se tuvo conocimiento de la pretensión y del deudor (§§ 195, 199 del BGB). Las ofertas que prometen una recuperación a cambio de un pago por adelantado deben tratarse con la máxima cautela.
Este artículo tiene fines meramente informativos y no sustituye el asesoramiento en un caso concreto.
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