Desde el 16 de junio de 2026, los certificados turbo solo pueden distribuirse a inversores minoristas en Alemania con condiciones adicionales. Qué exige la resolución general (Allgemeinverfügung) de la BaFin (Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania) y qué consecuencias civiles puede tener un incumplimiento.
El fundamento es una medida de intervención de productos que la BaFin (Autoridad Federal de Supervisión Financiera) adoptó el 15.10.2025 como resolución general (Allgemeinverfügung), con base en el art. 42 del MiFIR y el § 15 de la WpHG (Ley alemana del Mercado de Valores); tras la consulta al sector, el plazo de implementación original se amplió de tres a ocho meses. El motivo fue un estudio de mercado de cinco años de la BaFin: según este, el 74,2 por ciento de los inversores minoristas con certificados turbo perdieron dinero, en promedio 6.358 euros por inversor, con pérdidas totales de más de 3.400 millones de euros. Además de la complejidad de los productos, se criticaron sobre todo las prácticas de comercialización y distribución.
La resolución general se dirige a emisores, oferentes e intermediarios, es decir, además de a los bancos emisores, también a los bancos depositarios y a los neobrókeres. No es una prohibición de distribución, pero vincula la adquisición a tres obligaciones.
En primer lugar, inmediatamente antes de cada compra y en toda publicidad debe aparecer una advertencia uniforme: «De media, 7 de cada 10 inversores minoristas sufren pérdidas al negociar con certificados turbo. Los certificados turbo son productos de muy alto riesgo y no son adecuados para estrategias de inversión a largo plazo». En segundo lugar, antes de la adquisición los inversores deben superar un test de conocimientos estandarizado con al menos seis preguntas de opción múltiple sobre el funcionamiento, y ello con respuestas exclusivamente correctas; el resultado es válido como máximo seis meses, tras lo cual debe repetirse el test. Se añade a la evaluación de la conveniencia conforme a MiFID II, pero no la sustituye. En tercer lugar, en relación con la adquisición no pueden concederse ventajas monetarias ni no monetarias, expresamente tampoco descuentos por volumen; la BaFin cita como ejemplos las comisiones de orden reducidas y las bonificaciones para nuevos clientes.
La autoridad europea de supervisión de valores, ESMA, consideró la medida justificada y proporcionada, pero expresó dudas sobre su eficacia. Valoró de forma especialmente crítica el diseño del test de conocimientos, que puede repetirse tantas veces como se quiera y en el que las respuestas incorrectas se resuelven inmediatamente. Recomendó además a la BaFin vigilar especialmente la publicidad y los incentivos a los brókeres; según sus datos, los emisores pagan a los brókeres en parte entre 3,50 y 13,40 euros por transacción.
Si los inversores pueden derivar pretensiones propias de un incumplimiento de la resolución general es una cuestión aún no resuelta judicialmente, pero la jurisprudencia existente marca una dirección. El Bundesgerichtshof (BGH, Tribunal Supremo Federal de Alemania) no ha reconocido las normas de conducta de los §§ 31 y siguientes de la WpHG como leyes de protección (Schutzgesetze) en el sentido del § 823, apartado 2, del BGB (Código Civil alemán), porque serían en primer lugar de naturaleza supervisora y no tendrían un significado propio en materia de indemnización que vaya más allá de los deberes contractuales de información y asesoramiento (BGH, sentencia de 19.2.2008 – XI ZR 170/07; sentencia de 17.9.2013 – XI ZR 332/12). El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha confirmado que el Derecho de la Unión no exige una responsabilidad civil por tales incumplimientos (sentencia de 30.5.2013 – C-604/11). En el caso de la resolución general sobre certificados turbo se añade que, conforme al art. 2 de la EGBGB (Ley de Introducción al Código Civil alemán), solo una norma jurídica puede ser ley de protección, mientras que la resolución general es un acto administrativo; por ello, quien quiera fundamentar una pretensión extracontractual debe exponer que la norma habilitante, en su concreción por la resolución, pretende proteger precisamente al inversor individual. A favor de ello habla, al menos, que el test de conocimientos y la prohibición de incentivos actúan directamente sobre cada adquisición y pretenden expresamente evitar pérdidas de los inversores minoristas.
Más cercana resulta la vía de la relación contractual. También según el BGH, las obligaciones de derecho de supervisión pueden concretar el contenido y el alcance de las obligaciones contractuales. En el test de conocimientos esto resulta especialmente evidente, porque el bróker no puede ejecutar la compra sin un test superado y válido; si aun así la ejecuta, entra en consideración un incumplimiento del contrato de depósito conforme al § 280 del BGB. Si el daño se debe precisamente a este incumplimiento depende de si el inversor habría superado el test y debe aclararse en cada caso concreto; qué datos ha almacenado el bróker sobre el test y las órdenes puede averiguarse mediante el derecho de acceso conforme al art. 15 del RGPD.
La prohibición de incentivos, por su parte, regula la conducta en el mercado frente a los consumidores. Por ello, las infracciones, como las promociones de comisiones para productos apalancados, pueden ser perseguidas como infracción de ley (Rechtsbruch) conforme al § 3a de la UWG (Ley alemana contra la Competencia Desleal) por asociaciones de consumidores y competidores mediante acciones de cesación. En cambio, el § 3a de la UWG no abre al consumidor individual una pretensión propia de indemnización, porque el § 9, apartado 2, de la UWG excluye expresamente este supuesto.
La resolución general es una intervención en la distribución, no una prohibición: obliga a brókeres y emisores a la advertencia, al test de conocimientos y a renunciar a incentivos de compra. Hasta dónde pueden derivar de ella los inversores pretensiones propias tendrán que aclararlo primero los tribunales; según la línea seguida hasta ahora por el BGH, poco habla a favor de una responsabilidad extracontractual autónoma, y el enfoque contractual parece más sólido cuando un bróker ha omitido los pasos prescritos antes de la compra. Quien haya adquirido certificados turbo después del 16 de junio de 2026 debería conservar la documentación de las órdenes y tener presente la prescripción, que por regla general es de tres años a contar desde el final del año en que se tuvo conocimiento (§§ 195, 199 del BGB).
Este artículo tiene fines meramente informativos y no sustituye el asesoramiento en un caso concreto.
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