Solicitar una primera valoración

Informe de compliance: ¿debe entregarlo el empleador?

Tras recibir quejas sobre su estilo de dirección, una empresa encargó a un despacho externo investigar la conducta de una directiva. La afectada quiso entonces una copia del informe final completo. El Bundesarbeitsgericht (BAG, Tribunal Federal de Trabajo de Alemania) ha aclarado ahora hasta dónde llega realmente en estos casos el derecho de acceso en materia de protección de datos.

El caso

El procedimiento tuvo su origen en las quejas de varios informantes sobre el estilo de dirección de una empleada directiva: intimidatorio, denigrante, irrespetuoso. La empresa encargó a un despacho de abogados una investigación de compliance de varios meses. El informe final resultante enumeraba los reproches, identificaba por su nombre a informantes y testigos, reproducía en parte literalmente el contenido de las conversaciones y contenía además una valoración jurídica del despacho encargado junto con recomendaciones de actuación para su cliente. Cuando la empresa se apoyó en los resultados de la investigación para preparar un despido, la afectada solicitó una copia completa del informe, basándose en su derecho de acceso conforme al art. 15 del RGPD.

La resolución del BAG

El Bundesarbeitsgericht (BAG, Tribunal Federal de Trabajo de Alemania) ha denegado esta pretensión (sentencia de 16.4.2026 – 8 AZR 169/25). Según el tribunal, el art. 15, apartado 1, en relación con el apartado 3, del RGPD no concede un derecho autónomo al documento como tal, sino solo a los datos personales que contiene. Ciertamente, puede deberse de forma excepcional una copia de documentos completos o de extractos, pero solo cuando ello sea indispensable para la comprensión de los datos personales, porque estos no puedan entenderse de forma razonable sin el contexto. A juicio del tribunal, esta excepción no se aplica aquí: la valoración jurídica y las indicaciones al cliente contenidas en el informe ni siquiera son información sobre la demandante, sino información sobre cómo valoran la situación jurídica el empleador o sus asesores. Quien quiera defenderse de una valoración jurídica que considera errónea debe hacerlo en el propio proceso de impugnación del despido, y no mediante un rodeo a través de la protección de datos.

Otros fundamentos de la pretensión

Tampoco del derecho a consultar el expediente personal previsto en el derecho de organización de la empresa (§ 83, apartado 1, de la BetrVG, Ley alemana de Organización de la Empresa, o el § 26, apartado 2, de la SprAuG, Ley alemana de Comités de Directivos, de contenido idéntico) se derivaba una pretensión más amplia. El derecho a hacer copias del propio expediente personal está limitado por su naturaleza a un alcance razonable; una copia completa de toda la documentación ya no queda cubierta por él, con independencia de si el informe forma siquiera parte del expediente personal en sentido material.

Consecuencias para los empleadores

Para los empleadores, la sentencia supone un alivio práctico: quien documente correctamente una investigación de compliance no tiene que revelar automáticamente a la persona afectada todo el análisis jurídico junto con la estrategia de defensa. Lo decisivo es una separación conceptual clara entre los datos personales (reproches, declaraciones de testigos, valoraciones sobre la persona afectada) y las exposiciones jurídicas del despacho encargado; solo lo primero está sujeto al derecho de acceso. A la inversa, para los trabajadores rige lo siguiente: el derecho de acceso sigue siendo un instrumento eficaz para saber qué se ha almacenado sobre uno y cómo se ha obtenido, pero no sustituye el acceso a los autos en el proceso civil ni la impugnación de un despido basado en ello.

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