Cuenta cancelada por sospecha de blanqueo de capitales: sus opciones

Conforme a la Geldwäschegesetz (GwG, Ley alemana de Prevención del Blanqueo de Capitales), las entidades de crédito deben aplicar medidas reforzadas de diligencia debida en cuanto detectan un riesgo elevado, por ejemplo cuando una relación de negocios tiene vínculos con un tercer país calificado por la UE como de alto riesgo. Un auto publicado recientemente confirma que esto por sí solo basta al banco como motivo objetivo para resolver de forma ordinaria el contrato de cuenta corriente, con independencia de si podría siquiera llevar a cabo el examen reforzado o de si el cliente pagaría por el esfuerzo adicional.

Es destacable en qué puede basarse el banco: no solo en listas oficiales de sanciones, sino también en informaciones de prensa actuales. En el caso resuelto bastaron informaciones de los medios sobre vínculos con un ministerio extranjero sancionado para justificar la calificación de riesgo reforzada; el banco no tuvo que esperar a que una autoridad actuara oficialmente.

Aun así, para la resolución misma rigen reglas: en un contrato marco de servicios de pago de duración indefinida, el banco debe respetar un plazo de preaviso de al menos dos meses y no puede resolver en un momento inoportuno (zur Unzeit). Para los clientes empresariales no existe una obligación general de contratar que obligue al banco a reanudar la relación de negocios, tampoco en el caso de entidades de derecho público.

Importante para la práctica: quien note que el banco tiene dudas sobre la relación de negocios debería reaccionar de inmediato, sin esperar. En el caso resuelto, la solicitud de medidas urgentes del cliente fracasó también porque, pese a que la resolución se le había anunciado con antelación, permaneció inactivo durante varios meses antes de solicitar tutela judicial. Quien se ocupe a tiempo de buscar una alternativa y documente su propia posición estará al final en una situación claramente mejor.