Cuando un pago anticipado realizado a través de un fiduciario desaparece en el extranjero, es fácil sospechar que el fiduciario es responsable, sobre todo si él mismo ha incumplido obligaciones de derecho de supervisión. El Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Federal de Alemania) ha rechazado ahora claramente esta suposición.
Un fiduciario (Treuhänder) —en el comercio internacional denominado a menudo agente de depósito o escrow agent— administra dinero o bienes para dos partes contratantes que todavía no confían plenamente la una en la otra: el comprador paga primero en una cuenta fiduciaria, y el fiduciario solo libera el dinero al vendedor una vez cumplidas determinadas condiciones fijadas contractualmente. Precisamente una construcción de este tipo eligió en el verano de 2020 una importadora de equipos de protección: para un suministro de guantes de nitrilo por valor de unos 9,92 millones de euros recurrió como fiduciaria a una sociedad de asesoría fiscal dedicada a mandatos fiduciarios.
Antes incluso de la celebración del contrato fiduciario propiamente dicho, la compradora transfirió un millón de euros como anticipo a la cuenta fiduciaria. El contrato, firmado pocos días después, preveía expresamente en una cláusula propia que la fiduciaria debía transferir este anticipo de inmediato y sin más comprobaciones a una cuenta designada por la vendedora. Eso fue exactamente lo que hizo cuando la vendedora le dio la instrucción correspondiente: el dinero fue a parar a una tercera sociedad. La operación fracasó, la vendedora se declaró insolvente en Austria y, del reparto final, la compradora solo recuperó unos 43.000 euros.
La compradora demandó a la fiduciaria por el daño restante, alegando, entre otras cosas, que esta había prestado servicios de pago sin la autorización necesaria de la BaFin (Autoridad Federal de Supervisión Financiera) conforme al § 10 de la ZAG (Ley alemana de Supervisión de los Servicios de Pago) y había incumplido sus deberes de diligencia conforme a la Geldwäschegesetz (GwG, Ley alemana de Prevención del Blanqueo de Capitales). El OLG (Tribunal Regional Superior) de Hamburgo estimó la demanda en su mayor parte y condenó a la fiduciaria al pago de unos 670.000 euros.
El Bundesgerichtshof (BGH, Tribunal Supremo Federal de Alemania) anuló íntegramente esta sentencia (BGH, sentencia de 21.4.2026 – XI ZR 232/23). La Sala XI de lo Civil dejó incluso abierto si la obligación de autorización conforme al § 10, apartado 1, frase 1, de la ZAG es siquiera una ley de protección (Schutzgesetz) en el sentido del § 823, apartado 2, del BGB (Código Civil alemán), pues, aun suponiéndolo, su finalidad de protección no llega tan lejos como para preservar a los clientes de daños patrimoniales que se producen porque un proveedor de servicios de pago paga conforme a las instrucciones, pero sin cumplir plenamente sus deberes de diligencia derivados de la Geldwäschegesetz. La Sala enlaza así con su propia resolución de principio de 2008 (BGH, sentencia de 6.5.2008 – XI ZR 56/07): ya entonces había aclarado que las obligaciones de identificación y de comunicación de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales sirven exclusivamente a la estabilidad del sistema financiero, y no a la protección de los intereses patrimoniales de clientes individuales. Según el BGH, ello no ha cambiado tampoco con ninguna de las reformas posteriores de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales.
También fracasó una pretensión contractual, por una razón sencilla: la transferencia a la cuenta desconocida de un tercero correspondía exactamente a lo que preveía el propio contrato fiduciario. Quien prescribe contractualmente a su fiduciario que transfiera un pago sin más comprobaciones ni consultas no puede reprocharle después haber hecho precisamente eso. Tampoco existía un deber de advertencia no escrito: el BGH subraya que la fiduciaria no tenía ventaja de conocimiento alguna frente a la compradora, y que a una compradora que actúa como empresaria debe serle conocido, en principio, el riesgo de realizar una prestación anticipada a un socio comercial todavía no comprobado del todo.
Para la práctica esto significa: quien tramite un pago anticipado a través de un fiduciario o un servicio de escrow no debería confiar en que las obligaciones de este en materia de supervisión o de blanqueo de capitales garanticen automáticamente también la protección de su propio patrimonio. Si el fiduciario incumple estas obligaciones, por regla general no responde por ello frente al cliente. Lo único decisivo es la configuración contractual concreta: quien quiera un verdadero deber de comprobación y de consulta del fiduciario —por ejemplo, antes de la transferencia a una cuenta nueva y hasta entonces desconocida— debe pactarlo expresamente. Sin una cláusula de este tipo, en caso de necesidad suelen quedar solo pretensiones por daño doloso, difíciles de probar.
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